En un escenario como el actual en el que el crédito no fluye, el hecho de que te tilden de moroso sin serlo puede causarte unos perjuicios que de forma inesperada te coloquen en una situación ya de por sí complicada. Aunque la vía extrajudicial para obtener la rectificación o cancelación del dato lo haya conseguido, el daño al honor ya está producido.

La Ley de Protección de Datos prevé un régimen específico para procurar que todos los datos que accedan a este tipo de registros sean veraces. Así, aunque parezca obvio, exige que la deuda que se imputa al afectado sea cierta, vencida y exigible, y que no hayan transcurrido seis años desde su devengo. Igualmente, establece que la empresa que comunica ese dato al registro haya requerido previamente de pago al afectado. Comunicado el dato al registro, éste tiene la obligación de notificar al supuesto moroso su inclusión en el registro, con el fin de que sea conocedor de los datos, y pueda solicitar su modificación o cancelación en caso de que no esté conforme.

En lo que sí están todos los tribunales de acuerdo es que, con independencia de que estemos ante una persona física o una sociedad o agrupación, la inclusión de una persona en un registro de morosos sin serlo afecta de lleno a su honor y su reputación, que constituyen derechos fundamentales expresamente protegidos por la Constitución Española. En concreto, el Tribunal Supremo ha declarado que la inclusión indebida en un registro de solvencia patrimonial lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama, así como atenta contra su propia estimación.

Por ello, acreditada la intromisión ilegítima en el derecho al honor, la Ley presume la existencia de un perjuicio indemnizable. Este daño puede ser lo que jurídicamente se conoce como “lucro cesante” (por ejemplo, si se logra justificar que la denegación de un préstamo por culpa de la inclusión en el registro y con ello se pierde una oportunidad de negocio), o bien, un “daño moral”. Este último concepto se refiere al impacto o sufrimiento o padecimiento psíquico que el hecho te ha causado, y por ello precisamente es muy difícil de determinar y de cuantificar, lo que determinará la indemnización por daño al derecho al honor.

Para valorarlo la jurisprudencia ha tratado de objetivarlo con una serie de parámetros. La cuantía de la indemnización se fija atendiendo a la afectación a la dignidad en su doble aspecto interno y externo (relativo a la consideración de las demás personas).

• Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor.
• Se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
• Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.
  La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
• Que se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.
• Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.
  Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultar el fichero de morosos con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado incluido en el fichero de morosos.
• Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado por la inclusión en el fichero de morosos del resultado de dicha consulta.

• Que se trate de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada. No existe importe mínimo para que la deuda pueda ser comunicada.
• Que la deuda no tenga una antigüedad superior a 6 años. Transcurrido este plazo, el dato debe ser eliminado del fichero, aunque la deuda no haya sido satisfecha.
• Que se haya efectuado un requerimiento previo de pago al deudor.

La inscripción en el fichero de morosos debe reflejar siempre la situación real y exacta. Si la deuda va siendo pagada parcialmente, debe constar sólo el importe restante. En todo caso, está prohibido mantener inscrita una deuda ya pagada, ni siquiera como antiguo deudor o con saldo 0.

El Artículo 18.1 CE reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho al honor al ser una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE.

La inclusión indebida de datos de personas físicas en un fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor, pues la publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación. Así se desprende del artículo 7.7 LPDH.

Para el ejercicio de la acción indemnizatoria, tanto si el perjudicado es persona física como si lo es jurídica, se dispone fundamentalmente, de dos vías, que pueden (y suelen) utilizarse simultáneamente:

• La de la lesión del derecho al honor, regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y ala propia imagen (LO 1/1982). Nuestros Tribunales vienen entendiendo que la falta de veracidad en la inscripción de una deuda en un fichero de información sobre insolvencia supone una intromisión en el derecho al honor (entre otras muchas, SSTS 19 de febrero,  21 de mayo y 24 de abril de 2009).
• La de la responsabilidad civil extracontractual, si se hubiesen producido daños de naturaleza patrimonial  (art. 1902 del Código Civil).

Esta normativa establece en su artículo 13 que «El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.»

Se puede observar como se hace referencia al  revolucionario Reglamento de la Unión Europea de 27 de abril de 2016. El mismo entro en vigor el pasado 25 de mayo de 2018, y tuvo su consecuencia directa en España en la creación de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los  principios generales  sobre el tratamiento de datos personales sobre los que gira toda la protección de los consumidores se encuentran recogidos en el art. 5 del RGPD, y son:

• Tratamiento lícito, real y transparente.
• Recogida de datos con fines determinados, explícitos y legítimos.
• Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines.
• Exactos y actualizados.
• No mantenerlos durante más del tiempo necesario para su fin.
• Tratados con la suficiente seguridad.

El art. 15 del Reglamento recoge el derecho de acceso de cualquier interesado sobre sus datos personales,  obligando a la entidad a que debe entregar una copia de los mismos. Se debe recordar que el tratamiento de los datos personales es un DERECHO FUNDAMENTAL recogido en nuestra Constitución (art. 18.4).

Por lo tanto, cuando una entidad financiera, banco u otra empresa se niegue a entregarle una copia de sus datos personales, TIENE DERECHO A RECLAMAR.